En marzo de 2020, con el pretexto de la pandemia por Covid-19, Donald Trump lo puso en marcha como una medida de control migratorio, cerrando la frontera terrestre a “cruces no esenciales de personas”, incluyendo solicitantes de asilo.
Con este estatuto, las personas que llegan a Estados Unidos son expulsadas de inmediato.
Con el Título 42 vigente, las personas no tienen la posibilidad de solicitar asilo.
Esta política viola el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución.
No hay certezas sobre qué proceso se le seguirá a cada persona, ya que es una política que se aplica casi al azar.
Las personas de cualquier nacionalidad pueden ser expulsadas a México a través de la frontera terrestre.
Se han visto vuelos de expulsión directamente a ciertos países como Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
También ha habido vuelos al sur de México, ya sea a Tapachula o Villahermosa, desde donde las personas son forzadas a salir por autoridades mexicanas y guatemaltecas hacia Guatemala, Honduras y El Salvador.
Algunos aspectos importantes:
En los últimos años, se ha recrudecido la situación de violencia contra las personas migrantes y solicitantes de asilo en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa, entre otras. Han aumentado los casos de secuestro y violaciones (sobre todo contra mujeres y personas del colectivo LGTBQ+), así como agresiones por parte de autoridades locales.
No hay certeza de cuándo ni cómo se eliminará esta política. Tampoco se sabe cómo se reestablecerá el acceso al derecho al asilo, una vez que se elimine el Título 42.